LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN AUTÓNOMA Y LA CORTE

Recientemente, en una entrevista televisiva, un Ministro de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación dijo textualmente:  

“El fallo donde intervino la Corte es una sentencia que técnicamente dice que no hubo fundamentación, es decir falta de fundamentación autónoma. ¿Qué quiere decir esto? que hubo una sentencia del tribunal oral, esa sentencia fue revisada por la Cámara de Casación Penal; entonces ahí está el doble conforme, no? que se requiere y después a la corte llegó solo una parte que es un recurso de queja, es decir que no fue concedido por lo tanto el margen con el cual la Corte lo analiza es solamente limitado a esa queja respecto de lo que dice la Cámara de Casación; en esa queja la Corte dice, eso lo pueden leer lo comento porque es público, dice no está fundada entonces se rechaza porque está mal fundada, entonces es un problema de la defensa no de la parte …y hay otro aspecto importante, si ustedes lo leen ahí no se ha planteado la inconstitucionalidad de la inhabilitación o sea no fue planteada con lo cual la Corte no lo trato porque no fue planteada...”

A la pregunta del periodista: “¿Cualquier estudiante de primer año de la facultad sabe que hay que reservar el planteo...?”

            Respuesta del Ministro: “bueno hasta ahí llego, lo que digo son los hechos, la Corte no lo trató, casación no lo trató porque no fue planteada...” 

Preliminarmente, corresponde aclarar que los signos de puntuación en la transcripción de lo expresado por el miembro de la Corte me pertenecen y fueron incorporados a los fines de hacer comprensible lo expuesto en la entrevista, la cual puede encontrarse en cualquier red social. 

He decidido escribir sobre las declaraciones del Ministro motivada por la saña retórica que utiliza para confundir a una sociedad que no tiene el deber de descifrar tecnicismos, sino el derecho de confiar en quienes juraron ser justos. La soberbia jurídica es utilizada en estos tiempos como un escudo para engañar a una sociedad que no busca juzgar a sus jueces, sino confiar en ellos. Quien recurre a la Justicia lo hace esperando imparcialidad. Exige una resolución objetiva, apegada estrictamente a la ley y guiada por la rectitud. 

Entonces cabe preguntarnos: ¿En qué consiste la “falta de fundamentación autónoma" sobre la cual el Ministro intenta sostener su postura? 

La falta de fundamentación autónoma es un defecto procesal que ocurre cuando un recurso judicial no rebate de manera concreta, pormenorizada y razonada cada uno de los argumentos centrales de la sentencia que se intenta impugnar. Explicado de forma sencilla, el escrito carece de fundamentación autónoma porque no señala ni demuestra los errores de hecho o de derecho en los que incurrió el tribunal inferior al dictar la sentencia. 

En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la regla general establece que, si un recurso carece de fundamentación autónoma, este debe ser rechazado de forma automática por defectos formales.  

Sin embargo, y aquí es donde el Ministro parece haber perdido la memoria, existen supuestos excepcionales donde el Máximo Tribunal OBVIO DECLARAR ESTA FALTA FORMAL, FLEXIBILIZÓ EL RIGOR PROCESAL y procedió a revocar el fallo de la instancia inferior. 

Aun bajo la hipótesis, sumamente dudosa, de que quien plantea el recurso hubiera omitido fundamentar técnicamente la queja, el argumento del magistrado carece de sustento porque existen numerosos precedentes dictados por el propio tribunal, e impulsados por este mismo Ministro, donde se flexibilizaron los rigores formales aplicando la excepción bajo las doctrinas de la “Gravedad Institucional” y la “Arbitrariedad Manifiesta”.  

Antes de refrescarle la memoria al Señor Juez, es justo advertir que fue el propio periodista quien, mediante un involuntario sincericidio, lo acorraló al deslizar en su intervención la frase: “Cualquier estudiante de primer año de la facultad sabe que hay que reservar el planteo…”. Una infidencia que desmorona cualquier intento de defensa teórica. 

¿A qué se refiere el periodista al mencionar “reservar el planteo?” 

En el ámbito judicial la frase “reservar el planteo” (o también conocida como “hacer reserva” o “reserva de la cuestión federal/constitucional”) significa anunciar formalmente al juez que, si el fallo final le resulta desfavorable, el caso se llevará a una instancia superior o se recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

Al hacer esta reserva, que se suele formular desde el primer escrito que se presenta, se está dejando expresamente constancia que se está discutiendo una "cuestión federal", es decir, que se está vulnerando un derecho, garantía o principio protegido por la Constitución Nacional, la ley o por los tratados internacionales. 

Para examinar la supuesta falta de fundamentación autónoma, y a fin de subsanar la selectiva memoria del Ministro en su entrevista, conviene recordar algunos fallos claves y lo que la Corte ha establecido al respecto: 

i) Fallo emblemático: "López, Antonio Manuel c/Provincia de Buenos Aires". En este caso (y sus líneas sucesoras), la Corte Suprema ha señalado de manera explícita que, ante la presencia de una cuestión federal predominante o una arbitrariedad flagrante, es válido omitir o atenuar el rigorismo formal del recurso (como la falta de fundamentación autónoma de la queja) con el objetivo de entrar al fondo de la cuestión y revocar un fallo defectuoso. (UPS)

             La Corte determinó aquí que las exigencias de carácter formal que regulan la interposición de los recursos, incluida la fundamentación autónoma, no tienen un valor absoluto. El tribunal argumentó que el rigor procesal debe ceder cuando su aplicación automática conduce a una notoria injusticia, frustrando el derecho federal invocado. Si la arbitrariedad de la sentencia inferior es de tal magnitud que lesiona de forma directa e inmediata las garantías constitucionales (como la defensa en juicio, la libertad o la propiedad), la Corte Suprema sostiene que, en función de su deber de hacer preservar la supremacía constitucional (Art. 31 CN), su intervención debe prevalecer sobre cualquier defecto ritual del escrito.  El excesivo rigorismo formal es catalogado en sí mismo como un acto de arbitrariedad. 

             Corresponde destacar que, en el fallo analizado por el Ministro, esto es la condena a la Sra. Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, advierte (porque él mismo lo dice) sobre la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua de la condena, pero se excusa de resolverla por un defecto formal. Para ser más claros: detectó la arbitrariedad de la sentencia por ser manifiesta la magnitud de la violación de una garantía constitucional, pero obvió evitar una injusticia. 

            Amerita en este punto volver a transcribir lo expuesto por el Ministro. Dijo textualmente: “...y hay otro aspecto importante, si ustedes lo leen, ahí no se ha planteado la inconstitucionalidad de la inhabilitación o sea no fue planteada con lo cual la Corte no lo trato porque no fue planteada…” y, seguidamente, a la pregunta del periodista que bruscamente interrumpe lanza la frase magistral: “bueno hasta ahí llego”.  

No es menor el hecho de que el Ministro eluda la pregunta: su propia evasión lo condena.  Alarma la abierta contradicción de criterios, o "doble vara" del juez, quien confronta impunemente sus declaraciones actuales con los fallos que él mismo firmó y la doctrina garantista que impulsó en el pasado. 

             La propia jurisprudencia de la Corte Suprema determina de forma pacífica que los jueces tienen la facultad y el deber de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de oficio, aun cuando las partes no lo soliciten expresamente.

Debiera recordar el ministro que en aquel fallo líder del año 2012 "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" la Corte (con su voto favorable) ratificó con total claridad que la falta de alegación por las partes no impide el control constitucional. El tribunal sostuvo que el control de constitucionalidad es un acto de aplicación del derecho (iura novit curia) y que los magistrados no pueden aplicar normas contrarias a la Constitución Nacional o a los Tratados Internacionales so pretexto de que la defensa omitió plantearlo.

             También ha olvidado el señor Ministro que meses antes de haber convalidado la sentencia que impuso la inhabilitación perpetua a la Sra. Cristina Fernández de Kirchner había adoptado una postura sustancial y de fondo radicalmente opuesta frente a la perpetuidad de las penas. Al menos así lo expuso en el fallo "Guerra, Sebastián Alejandro y otros s/incidente de recurso extraordinario" (CSJN, 21 de noviembre de 2024). Allí, la Corte dictaminó que la perpetuidad absoluta de una condena lesiona gravemente la dignidad humana y el derecho a la esperanza.

             Sin duda alguna existe una flagrante inconsistencia axiológica del señor juez. Si para el Ministro la perpetuidad de la pena de prisión amerita la apertura de la vía constitucional por afectar derechos humanos fundamentales incontrovertibles, aplicar el rigorismo formal (Artículo 280 del CPCCN) para convalidar una inhabilitación de por vida (que anula permanentemente derechos políticos amparados por el Art. 23 de la CADH) demuestra una doble vara interpretativa dependiendo de la naturaleza del derecho afectado (libertad física vs. derechos políticos).

             En la misma sintonía, el cortesano juez ha olvidado lo resuelto en el fallo "Inhabilitación perpetua. Inconstitucionalidad” del Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande, Tierra del Fuego (25 de noviembre de 2014) donde se DECLARÓ la inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación especial perpetua de conformidad con los arts. 16, 18, 28, 75 inc.22 Constitución Nacional (CN); art. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y arts. 5.2. y 5.3. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

             Las declaraciones del Ministro resultan tan absurdas y paradójicas que, para justificar un fallo a todas luces injusto, oculta adrede sus propios precedentes. Ante el riesgo de que ahora también ponga en duda el carácter vinculante de los pactos internacionales, se hace indispensable recordar su perfil histórico en la materia, el cual estuvo caracterizado por la ampliación de derechos civiles y el apego estricto a los estándares de la Corte IDH. 

             En los fallos "Arriola" (2009) o "F.A.L." (2012) dictados bajo su presidencia, el Máximo Tribunal priorizó los principios de humanidad, autonomía personal y los mandatos de los tratados internacionales por encima de las restricciones de la legislación penal ordinaria o los rigores formales de los expedientes.

             Por tanto, no es de desconocimiento del juez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el Caso López Mendoza vs. Venezuela (2011) dictaminó que restringir los derechos políticos (como el derecho a ser elegido o a ocupar cargos públicos) mediante sanciones de inhabilitación administrativa o penal de carácter absoluto e indefinido viola el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que tales restricciones sólo pueden ordenarse bajo causales sumamente acotadas y con un claro sentido de proporcionalidad temporal.

            Pero sigamos, porque hay más…

ii) Fallo "Casal, Matías Eugenio" (Fallos: 328:3399). Con el voto mayoritario de la Corte se estableció el principio de informalidad en favor del justiciable (favor debilis). (otra vez UPS)

            Aquí la Corte dispuso que, si un tribunal inferior rechaza un recurso alegando "falta de fundamentación autónoma", pero del expediente se desprende de forma palmaria una violación manifiesta al debido proceso o una condena sin pruebas de cargo suficientes, la Corte determina que el fallo de la instancia inferior es nulo por arbitrariedad fáctica y probatoria. Los jueces argumentan que los tribunales no pueden ampararse en "tecnicismos rituales" para convalidar la pérdida de la libertad de una persona si la sentencia presenta deficiencias graves de motivación jurídica. 

En este caso, con voto mayoritario (incluyendo el voto del ministro reporteado) se determinó que, según los Tratados Internacionales (Art. 8.2.h de la CADH), el justiciable tiene derecho a una revisión amplia de su condena. Sostuvieron que los jueces inferiores incurren en arbitrariedad si utilizan "barreras rituales" para evitar revisar los hechos y las pruebas. Concluyeron que el principio de informalidad debe jugar a favor de los derechos fundamentales de la persona humana, obligando a la Corte a revocar el formalismo extremo. 

iii) Fallo “Jorge Rodríguez (Jefe de Gabinete) s/plantea cuestión de competencia" (Caso Aeropuertos). En este caso se debatió la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la competencia de los poderes del Estado. Los magistrados señalaron que la gravedad institucional se configura cuando el asunto debatido "excede el mero interés individual de los litigantes y afecta de manera directa a la comunidad o a las instituciones básicas del sistema republicano" (y otra vez UPS) 

            En éste caso el Tribunal sostuvo que ante un escenario donde se encuentra en riesgo el funcionamiento de un servicio público, el orden económico o la división de poderes, la Corte no puede declararse incompetente por un error de forma del recurrente. El tribunal asume que su función político-institucional le exige resolver el conflicto para evitar una crisis de gobernabilidad o una parálisis institucional. 

             La mayoría de los ministros (ocho en ese momento) señalaron expresamente en sus considerandos que, ante tales situaciones, el tribunal tiene el deber legal e histórico de resolver el conflicto de fondo. Por ende, determinaron que es plenamente legítimo "prescindir de los recaudos formales e ingresar directamente al conocimiento de la causa", revocando cualquier resolución inferior que trabe la solución jurídica del país.

            Corresponde también aquí trazar algunas consideraciones a la luz de la doctrina de este fallo. Si analizamos la cronología de los hechos a partir de la condena de la Cámara de Casación contra la Dra. Fernández de Kirchner, se comprueba que, en el vertiginoso plazo de apenas 51 días hábiles judiciales (sí, cincuenta y un días), la causa tuvo el siguiente impulso procesal a partir del 24 de marzo de 2025: 1) la  Cámara rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de la Sra. Kirchner porque no refuta todos los fundamentos de la sentencia (mismo argumento de la Corte); 2) ante el rechazo, la defensa interpone el recurso de queja ante la Corte y recusa al juez Lorenzetti por haber anticipado su intención de resolver rápidamente (dato no menor); 3) el procurador general (quien tiene una intervención obligatoria en casos de interés público, constitucional o de gravedad institucional) presenta el debido dictamen (procurador que asumió en el gobierno de Macri en forma interina como producto de la escandalosa presión que sufrió su titular y jamás se ha logrado reunir la mayoría agravada de dos tercios en el Senado para designar un nuevo procurador titular definitivo - ambos datos que tampoco son menores-); 4) el día 2/06/2025 la Sra. de Kirchner anuncia su candidatura para las elecciones legislativas; 5) el día 4/06/2025 la Corte rechaza la recusación contra Lorenzetti y 6) el día 10/06/2025 la Corte deja firme la condena en base a la falta de fundamentación autónoma. (Permítame el lector expresar un deseo: ojalá todas las causas judiciales gozaran del mismo impulso de oficio, en estricto cumplimiento de los principios de economía y celeridad procesal.) 

            En este vertiginoso ritmo procesal se evidencia con total claridad el escenario donde el marco jurídico "afecta de manera directa a la comunidad o a las instituciones básicas del sistema republicano", obligando al tribunal a resolver el planteo en virtud de su función política-institucional para evitar una crisis de gobernabilidad. No hay sustento para que se excuse o rechace un recurso en base a la supuesta falta de fundamentación autónoma sobre la que intenta desvirtuar la queja. El asunto debatido afecta directamente a la comunidad, que resulta proscrita para poder votar a una candidata afectando con ello el sistema básico republicano.  

             iv) Fallo “Gutiérrez, Carlos Alberto y otros/recurso de queja" (07/11/2023) . En este fallo reciente, (¡qué falta de memoria, Ministro!), la Corte dejó sin efecto una resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que había rechazado un recurso por no cumplir con la identificación de las vías procesales ni desarrollar una crítica razonada (defecto de fundamentación). (UPS, UPS y UPS) 

            El tribunal remarcó que el rechazo por motivos puramente formales en supuestos donde está en juego una condena grave constituye un "ritualismo extremo" que lesiona la garantía constitucional de la defensa en juicio. La Corte Suprema reafirmó que los magistrados tienen la obligación de asegurar una revisión amplia y eficaz, y que los defectos formales del escrito de la defensa no deben ser utilizados como una barrera para evadir el control de constitucionalidad. 

            Por último, y como frutilla del postre que desnuda la desfachatez argumentativa del reporteado, en este fallo los cuatro magistrados (incluido el ministro reporteado) emitieron una dura exposición en contra de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), que había rechazado una queja alegando defectos formales en la fundamentación del defensor. Expusieron que el rechazo del recurso basándose puramente en exigencias técnicas constituye un "ritualismo extremo" y un "excesivo rigor formal" que lesiona de muerte la garantía de la defensa en juicio. Por tales motivos, obviaron el defecto procesal y revocaron de plano la resolución de la corte provincial. 

            Todo lo expuesto hasta aquí reduce los dichos del magistrado al absurdo. Deja al descubierto una evidente connivencia jurídica y política, donde se abdicó de la función jurisdiccional con el único propósito de hacer prevalecer una condena injusta.  

Desde una perspectiva jurídica, el argumento de la "falta de fundamentación autónoma" y el uso del Artículo 280 del Código Procesal, (que permite rechazar recursos sin dar explicaciones), son herramientas discrecionales que la Corte utiliza para abrir o cerrar causas a su antojo y conveniencia. Mientras se ampara en el rigor procesal para desestimar la queja, la propia narrativa argumentativa de sus fallos revela que no buscaba la justicia del caso, sino el blindaje de un pacto de impunidad que el derecho penal, por pura insuficiencia de pruebas, no lograba castigar. Esto no es eficiencia procesal, es la institucionalización de la arbitrariedad. Al aplicar estos cerrojos burocráticos, el máximo tribunal desmantela de un plumazo las garantías más elementales del debido proceso y el derecho a ser oído. Se trata de una flagrante denegación de justicia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado explícitamente: los tecnicismos procesales y las decisiones sin motivación no son derecho. Son trampas de admisibilidad. Son mecanismos de impunidad diseñados para anular el derecho a un recurso efectivo y fracturar, desde la cima del poder, el Estado de Derecho.  

            DAN VERGÜENZA.