En nada hemos cambiado, … nada hemos aprendido…
En
nada hemos cambiado, … nada hemos aprendido…
Qué
poca memoria tenemos los argentinos. Hasta hace tan sólo diez meses atrás nos
sacudía una crisis económica que nos embarcaba en un “reperfilamiento” (default?)
financiero por una deuda contraída por el mismo gobierno que se vio obligado a
reperfilarla; y, vaya paradoja, se fue sin siquiera encaminarla.
Sin
embargo, aquel mismo gobierno neoliberal no tuvo en consideración los efectos
nefastos de sus políticas económicas. A tal punto que, luego de aquel 11 de
agosto histórico y frente a una realidad inquebrantable, se vio obligado a
transformarse en un populismo puro, en su
afán desesperado de no perder el poder. Y así, surgieron los manotazos de
ahogado mediante promesas y proyectos inviables, escuchando frases delirantes
como: “lo peor había pasado” y reconociendo, sin la mínima cuota de dignidad, que
nunca nos había escuchado, al decir: “los escuché”.
Y
sin duda, también siguió escuchando a las empresas multinacionales, esos grupos
de poder o de presión, (pero nunca grupos de interés), que condicionan o
imponen al estado, decisiones que los benefician.
A
tal punto “escucharon” que en forma posterior a aquellas PASO, más precisamente
en el mes de noviembre de 2019, le otorgaron a la empresa VICENTIN SAIC la suma
de 5785,4 millones del total de la deuda contraída con el Banco Nación que la
exportadora de granos, harinas y aceites acumuló al momento de la convocatoria de
acreedores, (18.182,3 millones de pesos), casi la tercera parte y cuando ya
la empresa estaba en cesación de pagos. Una semana después del último retiro, la
empresa se presentó en convocatoria de acreedores. No es ocioso recordar la
estrecha vinculación política de los directivos y dueños de Vicentin y el PRO
de la provincia de Santa Fe. (1)
Llegado
el nuevo gobierno y sin tiempo siquiera de poder delinear lo “reperfilado” por el
gobierno saliente, una pandemia mundial nos sacude transportándonos a una
incertidumbre sanitaria, económica y financiera sin precedentes.
Y los
reclamos de todos los sectores comienzan a escucharse. Ahora reclamamos un
Estado presente y benefactor. Sin obviar que es el mismo estado que hasta hace
seis meses vociferaba la reducción del gasto público y la no intervención
del Estado en la economía en favor del sector privado.
Intento
analizar, dejando de lado las ideologías y me pregunto: Si no pagar las deudas
asumidas a los acreedores extranjeros implica una desconfianza mundial y las
consecuencias de ese descreimiento vulnera la seguridad jurídica de mi país, ¿por
qué debo confiar en una empresa multinacional, que con créditos y salvatajes
del estado incumple sus obligaciones económicas, laborales, financieras y
fiscales, fugando todos sus capitales y ganancias al extranjero, cuando en el
2019 tuvo exportación record? ¿Por qué, YO Estado, debo ir a la cola de un concurso de
acreedores para cobrar (quién sabe cuándo) lo prestado en tiempo y forma?. La empresa seguirá produciendo e incumpliendo,
logrando grandes ganancias en dólares que no ingresarán al país y dilatando
deliberamente pagos, PRODUCTO DEL EJERCICIO DEL PODER DE PRESIÓN con que intentará
forzar las decisiones del Estado. No
olvidemos que la firma es la cuarta multinacional que provee, entre otras
cosas, alimentos al país pudiendo establecer libremente su costo y precio (que
influirá posteriormente en cualquier alimento).
Pero
el problema es la decisión tomada por un gobierno popular…
Nada
vemos o nada queremos ver…
Debiéramos
recordar cual fue el génisis de las estatizaciones y privatizaciones de
empresas.
En
su momento, y dependiendo de cuáles, podría decirse que la privatización estuvo
plenamente justificada, no por una razón política en contra de la intervención
del Estado, o un desconocimiento de la acción que le corresponde en el campo de
la justicia social, sino en razón del mal manejo, el despilfarro, la estafa, el
hurto, la falsedad y todos los delitos que han cometido funcionarios públicos a
todos los niveles, contra el tesoro público y el interés de la comunidad. La
verdadera razón para privatizar las empresas oficiales o empresas de utilidad
común, es la mala administración. (Años 90).
La
intervención del Estado es necesaria, pero tiene que ser eficaz y honesta. La
intervención del Estado deber ser la menos posible, pero toda la necesaria. El
Estado debe tener un papel preponderante en la actividad política, social y
económica, solo como orientador y regulador de la actividad privada, y en
cuanto y en tanto dichas empresas no sean ejes fundamentales en el desarrollo
financiero, económico, social y, sobre todo, alimentario del país; frente a éste
contexto no se puede ver vulnerado su poder por grupos de presión.
Actualmente,
y según el informe del Transnational Institute (TNI) Privatizando Europa, 1
publicado en 2013, demostraba cómo la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario
Internacional estaban utilizando la crisis económica como una forma de impulsar
programas de privatización en países endeudados de la UE, a pesar de la gran
oposición popular que estos suscitaban.
La
privatización se ha justificado con el argumento de que genera ingresos para
los países endeudados, y que garantiza una mayor eficiencia. Sin embargo, en
casi todos los casos, solo se están vendiendo empresas rentables, y a unos
precios sistemáticamente infravalorados. Mientras tanto, estudios del FMI y de
universidades europeas demuestran que no existen pruebas de que las empresas
privatizadas sean más eficientes. Más bien, han reducido los salarios,
menoscabado las condiciones laborales y generado una creciente brecha salarial.
Por
su parte, a pesar de la retórica a favor de la gestión privada, muchas de las
empresas que obtienen concesiones y compran activos privatizados son
empresas de propiedad estatal. Empresas estatales chinas, por ejemplo, se
han convertido en actores dominantes que están comprando empresas energéticas
europeas, adquiriendo acciones en empresas públicas de servicios portuguesas,
griegas e italianas. Empresas estatales de Alemania y Azerbaiyán también han
participado en la compra de activos privatizados en otros países europeos.(2)
La
pandemia del coronavirus no solo ha trastocado el concepto de la globalización,
sino que también ha transformado el orden económico mundial vislumbrando nuevos
perfiles proteccionistas. Europa toda está analizando la aprobación de normas
que permitirá la entrada de los estado en los capitales de las empresas grandes
o pequeñas, cotizadas o no, para evitar su quiebra. (3)
Pero no somos
capaces de mirar más allá. Seguimos perdiendo el tiempo discutiendo ideologías,
las cuales deberían ayudarnos a ver y no a negar.
EEUU (el Sr.
Trump) ha expropiado infinidad de propiedades privadas para construir el muro
fronterizo. Silencio.
España tuvo una
expropiación similar a la declarada recientemente por el gobierno sobre la
firma Rumasa S.A., que fue aplaudida por toda Europa.
El caso de YPF en
nuestro país es emblemático. El Congreso lo aprobó con 208 votos a favor y 32
en contra. (Sería bueno y oportuno recordar cómo se remató y quienes lo votaron
en su momento,- será para otro capítulo-).
Pero cuestionamos
las decisiones conforme el gobierno que ejerza.
Cabe tener
presente que el instituto de la expropiación se encuentra consagrada en nuestra
Constitución Nacional y debe pasar, para su aprobación, por el Congreso
Nacional, motivo por el cual se presentó el respectivo proyecto de ley. (Cuestiones
que no se hicieron con el pedido de fondos al FMI ni el préstamo otorgado a la
multinacional).
Sin perjuicio de ello,
se decretó la intervención de la firma. El interrogante que me planteo es ¿Qué sucede
con la intervención si el Congreso no aprueba la expropiación?.
Por último, será para alquilar balcones el
debate de la expropiación. Estemos atentos a qué dicen y qué votan si queremos
conocer a quienes nos representan.
Notas:
2. https://www.tni.org/files/publication- downloads/tni_la_industria_de_la_privatizacion_en_europa.pdf
3.https://www.cronista.com/internacionales/Europa-se-prepara-para-la acionalizacion- masiva-de-empresas-20200423-0002.html
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