TRABAJO A DOMICILIO. CLANDESTINIDAD O SUBORDINACIÓN LABORAL?
Establecer un concepto claro y preciso de
“trabajo a domicilio” resulta
imprescindible para poder determinar el alcance de la definición y el carácter,
obligaciones y derechos de cada uno de los integrantes que conforman el
instituto.
Su tratamiento legal ha partido de
iniciativas y proyectos impulsados por la Organización
Internacional
Desde el punto de vista de la relación
laboral el gran problema surge en determinar y/o diferenciar entre el trabajo
precario, el trabajador autónomo (por cuenta propia) y el trabajador a
domicilio dependiente.
Sabemos
que el trabajo convencional se caracteriza por ser de tiempo completo, por
tiempo indeterminado, para un solo e identificable empleador, concretado en el
domicilio del empleador, generalmente protegido por la legislación laboral y la
seguridad social. Por tanto, toda situación que viola algunas de estas características
entraría en la categoría de “trabajo precario”. Es por esto que muchos autores
han entendido que la “precariedad” surge o se configura por residuo. Agregando
que su demarcación se encuentra configurada en virtud de la falta de registro y
métodos adecuados de control.
Por su parte, el mayor problema surge en
establecer la relación de subordinación o de dependencia del trabajador, más
aún cuando el vínculo laboral resulta de comportamientos encubridores o
fraudulentos, haciendo aparecer al trabajador dependiente, asalariado y a domicilio
como un trabajador autónomo.
Esta apariencia fraudulenta se encuentra
asociada a elementos propios de la actividad, como es: 1) la utilización de
maquinaria propia; 2) la contratación de fuerza de trabajo auxiliar por parte
de quien recibe trabajo (llámese tallerista, intermediario etc.) y 3) el
control supervisado de la producción.
Asimismo las técnicas clandestinas se
encuentran reflejadas en la modalidad de la contratación bajo la figura de
“contratación por obra” (trabajo autónomo) y el pago mediante honorarios y no
salarios, dificultando, aún más la posibilidad de distinguir la figura del
trabajador asalariado por cuenta de una empresa y las formas precarias del
trabajador autónomo (cuenta propia y/o artesano).
En nuestro país la ley 12.713/41 (Decreto reglamentario Nº 118.755/42) regula el Régimen
especial para el trabajo a domicilio. Dicha norma fue promulgada en 1941 y en su Artículo 3°
claramente establece: “Quedan sometidas a las disposiciones de
esta ley las personas, en el carácter y modalidad que la misma determina, que
intervengan en la ejecución de un trabajo a domicilio por cuenta ajena,
entendiéndose por tal el que se realiza…”; es decir que entiende como
condición de esta modalidad de trabajo la "ejecución
por cuenta ajena". Justamente es éste factor el que debe interpretarse
como uno de los elementos que lo diferencian respecto de otras formas de
actividad económica realizadas en el hogar, (en particular la pertinente al
artesano o productor autónomo) y la indiscutible existencia del vínculo laboral
o relación de dependencia o subordinación.
En un estudio sobre el tema, se afirma
que la ley argentina no se expide y deja la cuestión librada al debate doctrinario
y jurisprudencial, aunque reconoce que en la actualidad es mayoritaria la
corriente doctrinaria jurisprudencial que sostiene que el trabajador a
domicilio es normalmente un trabajador subordinado. Por esta razón, dicha
corriente se pronuncia favorablemente respecto de la aplicabilidad de la ley de
Contrato de Trabajo (ley general reguladora del trabajo dependiente)
extendiéndola a las normas relativas a las instituciones que la ley de trabajo
a domicilio no contempla. (Goldín, 1991).
Otro factor relevante
para la definición de esta modalidad de trabajo remite a la localización espacial
de la misma. Para la ley argentina en principio ese lugar puede ser “el
domicilio del obrero” o un local que éste elija para tal fin.
Otra "variante" la constituye
el domicilio del tallerista, figura que la ley y el decreto reglamentario
habilitan expresamente como una de las modalidades de trabajo sometidas a sus
disposiciones. Por último, la norma extiende su habilitación hasta
los establecimientos públicos o privados de beneficencia, educación, o corrección
de menores no penalizados.
El aporte novedoso de la Ley 12.713/41 de la inclusión
de la figura ambigua del "tallerista”, donde se desdobla en una misma
persona las categorías correspondientes a la relación de dador de trabajo y tomador
de trabajo. Cuando el tallerista, toma trabajo por cuenta de un
empleador, es considerado “obrero a domicilio”; en tanto que, cuando hace
elaborar mercaderías en su domicilio por medio de obreros bajo su dirección, se
considera “patrono”, sujeto a las obligaciones que impone la ley y las reglamentaciones
dictadas para quienes dan trabajos en ejecución. De manera que nos encontramos
frente a un “tallerista obrero” frente al dador de trabajo, y un “tallerista
patrono” frente a los obreros a domicilio.
Al examinar los distintos elementos
reunidos por el legislador para definir las tipificaciones jurídicas, nos
encontramos con:
1) PATRONO: es el “dador” de trabajo, en primera instancia. El decreto
reglamentario nacional señala la acción de elaboración (por encargo) y venta
de mercaderías como propia de la figura del patrono. La propiedad de lo
producido y el acto de su comercialización lo diferencia del resto de las
figuras.
2) OBRERO: es aquel que trabaja
por cuenta de otro, en su domicilio, con o sin ayuda familiar y sólo (como
máximo) con un auxiliar externo.
Pero combinando ambas tipificaciones se
conforma un nuevo tipo, por demás ambiguo y contradictorio que la norma
denomina tallerista, tallerista
intermediario, intermediario, etc.
La figura del tallerista se convierte en
el eje primordial donde se apoya el fraude y la clandestinidad laboral en
función del grado de autonomía y subordinación. Si bien la ley es más estricta
en relación a su antecesora (Ley 10.505) en virtud que ha convertido al fabricante dador de trabajo en responsable solidario
del tallerista o intermediario, aún hoy persisten opiniones encontradas.
Actualmente es la jurisprudencia la que ha señalado y analizado el verdadero
vinculo o relación de dependencia. Desde la perspectiva de los trabajadores,
hablar de talleristas o de patronos es, en términos reales, lo mismo.-
El argumento sindical sostiene que si un
obrero le inicia juicio a un tallerista, éste se ampara en su condición de
obrero frente al empresario. Porque si bien al tallerista le correponde la
aplicación de la tarifa y ante los obreros es el patrón; ante el dador de
trabajo es un empleado; naciendo una dualidad en la tipificación que
corresponde demostrar y discutirla.
Obviamente que
la visión del sindicato de talleristas
es otra: “La figura del tallerista es una figura tapón. Si fuera un
empresario más, cosa que no es porque tiene subordinación económica,
subordinación técnica y subordinación disciplinaria con respecto al dador de
trabajo, el día que no exista el tallerista en la ley no va a haber tampoco más
obreros. Porque a cualquier obrero, para sacarlo de la ley, le van a inventar
dos ayudantes, y así obviamente ahorrarse los compromisos y las obligaciones
que ello genera. Entonces no va a haber más obreros a domicilio. En la Argentina , van a ser
todos talleristas (autónomos). Si existe la figura del tallerista, existe el
tapón. No pueden modificar lo que es la figura jurídica. El tema es la cantidad
de personal que pueda tener un tallerista... Lo que sí debe quedar librado a la
interpretación de los jueces es si la actividad económica o el volumen que
tiene el tallerista lo hace un empresario o lo hace un trabajador. Ese sería el
único mecanismo para establecer con alguna precisión cuándo alguien es
tallerista y cuándo alguien deja de serlo.”[1]
Existe la posibilidad de que algún
trabajador domiciliario reclame sus derechos si considere que éstos han sido
violados. En todos los casos, el primer tema de disputa es el vínculo de
dependencia. Para que el fallo favorezca los reclamos de indemnización, los
trabajadores deben demostrar la existencia del vínculo laboral subordinado. En
un caso, por ejemplo, el juez puede creer que está probado que se trata de un trabajador
a domicilio. Para ello tendrá en consideración los testimonios de testigos que
afirman que éste hacía en su domicilio trabajos, que entregaba la mercadería en
su casa, que trabajó para el demandado y que éste le daba material para que
trabajara en su domicilio. En otro caso, la sentencia puede entender que se
trata de un tallerista independiente, con pruebas tales como sus aportes
jubilatorios como autónomo, su inscripción en el registro del Impuesto a las
Ganancias, obtención de CUIT y facturas a nombre de otros clientes.
Lamentablemente, de la lectura de las
sentencias queda claro que los jueces no consideran necesaria la inscripción en
registros del Departamento de Trabajo a Domicilio, sino que para establecer el
vínculo alcanzan las declaraciones de testigos y alguna documentación.
Los puntos de debate en las sentencias
hacen referencia a qué derechos diferencian a los trabajadores a domicilio de
otros trabajadores en relación de dependencia. Por ejemplo, se da lugar a la
indemnización por despido, pero no al pago de horas extras o trabajo en día
feriado o al salario mínimo, sobre la base de que el trabajo a domicilio no
tiene horarios y no se puede acreditar el cumplimiento de una jornada laboral
completa.
CONCLUSIÓN
El trabajo a domicilio en la Argentina reviste una
alta incidencia de clandestinidad. Si bien el texto de la norma no excluye
ningún sector, en las "áreas nuevas" no existe modo por establecer
una relación laboral que reconozca los derechos del trabajador. Por el
contrario la tendencia dominante (para todas las ramas) es que el trabajador se
inscriba como autónomo, para eliminar de entrada toda presunción de trabajo en
relación de dependencia.
Sin lugar a dudas el registro y la
inspección constituyen los mecanismos para blanquear y legalizar la situación
de los trabajadores a domicilio. Pero en una coyuntura de alto desempleo y
bajos salarios, ¿quién va a exigir ese registro? Los trabajadores no lo pueden
exigir y los pocos dadores de trabajo que se inscriben lo hacen por presiones
ajenas al cumplimiento de la ley 12.713, es decir con un sentido instrumental
Por tal motivo la extensión durante los últimos
años tanto en el país como en otras regiones de América latina, no constituyen
una novedad y se prevé mayor expansión. Sin embargo, el trabajo a domicilio no
debe ser desnaturalizado en relación a la forma de empleo, las condiciones
laborales vigentes y el papel fundamental de la legislación y los órganos de
contralor.
Es verdad que la fiscalización se hace
difícil. No resulta sencillo realizar inspecciones en lugares con fachada de
casas de familia común, y ajena a imágenes de todo emprendimiento fabril o
empresarial. De no resultar por denuncias ningún allanamiento sería viable; y
bajo el contexto de bajo productividad o un mercado laboral débil o con
creciente desempleo ¿quién puede denunciar?
En algún momento repare que la Ley 12.713 constituía el marco
perfecto que avalaba el fraude laboral y el trabajo “en negro”; pero si bien se
hace necesario establecer una mayor delimitación y responsabilidad de los
alcances de la relación de dependencia y subordinación, la norma establece
claramente:
“Artículo 4. Responsabilidad de los Empresarios: Los
empresarios, los intermediarios y los talleristas que contraten un trabajo a
domicilio, son responsables solidariamente:
a) del pago de los salarios fijados por las comisiones
respectivas. Esta responsabilidad para el empresario, cuando el trabajo se ha
contratado por un intermediario o tallerista, sólo alcanza hasta el importe de
dos (2) meses de remuneración, o hasta el valor de un trabajo determinado,
cuando su ejecución ocupe un plazo mayor;
b) de los accidentes del trabajo y de las condiciones en
que éste se realice, excepto cuando el trabajo se ejecuta o cuando el accidente
ocurra en el domicilio privado del obrero;
c) de las obligaciones establecidas en el Art. 32 de
esta ley.
Los intermediarios y talleristas son
considerados como obreros a domicilio con relación a los dadores de trabajo y
como patronos sujetos a las obligaciones que les impone esta ley y las
reglamentaciones que se dicten a quienes encarguen la ejecución del trabajo.”
De la propia normativa se desprende
claramente la solidaridad para con el obrero por parte del Dador de Trabajo, el
Tallerista y/o el Intermediario. En razón de ello resulta de aplicación el
Contrato de Trabajo y las normas relacionadas a las infracciones laborales en
cuanto a registración, carga horaria, horas extras, vacaciones, sueldo anual complementario,
ART, etc. En su caso corresponderá al dador y/o al tallerista la inversión de
la carga probatoria que avale que el trabajo realizado constituye una
locación de obra.
Para ello, deberá inscribirse acorde lo
menciona la normativa y conforme a los formularios que cada organismo de
contralor emita (Ministerio de Trabajo, Secretaria de Trabajo etc.), sin que
ello constituya prueba suficiente para evadir la solidaridad consagrada.
Por su parte resulta imprescindible que los
jueces utilicen todos los mecanismos vigentes; y dentro de ellos resulta
sumamente necesario sostener sus fallos en base a la registración y carácter de
cada empleado. El trabajo armónico y conjunto puede ayudar y disminuir el
fraude , la clandestinidad y la creciente esclavitud de trabajadores bajo el
amparo de una figura autorizada normativamente.
Bibliografía:
- Pascucci Silvina
y Rabat Marina: “El trabajo a
domicilio como empleo precario. Alcances y límites de la legislación que
intentó regularlo en Argentina. VI Jornadas de Sociología de
- Elizabeth Jelin
– Matilde Mercado – Gabriela Wyczykier: “El Trabajo a Domicilio en Argentina” Informe Final (1998).
[1] Texto conforme “EL TRABAJO A DOMICILIO” INFORME
FINAL DE INVESTIGACIÓN. Autores: E. Jelin; M. Mercado y G. Wyczykier.
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